Sede del Gobierno Franquista
La Guerra Civil trajo nuevos inquilinos al Palacio de la Isla. El Ayuntamiento y la Diputación de Burgos habían llegado a un acuerdo con María Francisca Muguiro y Cerragería, propietaria del inmueble, para que vendiera el edificio con la idea de obsequiar al general Franco y de que pudiera servir también de residencia al Jefe del Estado durante sus estancias en Burgos. Durante la Guerras Civil, Franco se acabó instalando el 10 de agosto de 1937 en el edificio, acompañado de su mujer, Carmen Polo, y su hija, Carmencita, que ocuparon la primera planta del inmueble. Simultáneamente Ramón Serrano Suñer, cuñado de Franco, se instaló también junto a su familia, en la segunda planta.
Durante la contienda, el Palacio de la Isla fue también cuartel general de los sublevados. Franco instaló aquí su centro de operaciones y dentro de estas mismas paredes llegó a firmar las operaciones de guerra contra el enemigo republicano, numerosas sentencias de muerte y el famoso parte de guerra que puso punto y final a la contienda bélica el 1 de abril de 1939. Una vez finalizada la guerra, Franco regresaría a Burgos para alojarse de forma ocasional durante numerosas visitas que se repitieron casi anualmente hasta el año 1972. Una de sus visitas más recordadas en la historia de la ciudad se produjo en 1940, cuando el general recibió a Heinrich Himmler. Aquella visita fue recogida y reflejada extensamente por la prensa de la época.
Cesión a Patrimonio Nacional
Los desembolsos de mantenimiento que la Diputación y el Ayuntamiento de Burgos tenían que hacer frente para que el Palacio de la Isla se acabase dedicando a fines ajenos a la labor que prestaban ambas administraciones, llevaron a ambas instituciones a optar por la cesión a Patrimonio Nacional, entidad que acabaría asumiendo los cuantiosos gastos de conservación que generaba el edificio. Una comisión mixta de ambas instituciones redactó unas bases de cesión, que fueron remitidas al Ministerio de Gobernación. El 15 de marzo de 1964, el alcalde de Burgos, Honorato Martín Cobos y el presidente de la Diputación provincial, Fernando Dancausa de Miguel, firmaron las escrituras de cesión a Patrimonio Nacional del Palacio de la Isla. Las bases establecían el proyecto nunca concretado de convertir el inmueble en ‘Museo de la Cruzada’ después de la guerra. Estaba previsto que albergara objetos personales de Franco, trofeos, libros y archivos vinculados a la Guerra Civil.
Ese proyecto no fructificó y en el comienzo de la etapa democrática ambas instituciones optaron por solicitar a Patrimonio Nacional la reversión del inmueble, ante la necesidad apremiante de buscar una sede acorde a la dignidad que requería el nuevo Consejo General de Castilla y León, embrión del nuevo Ejecutivo regional resultante del nuevo estado autonómico, que de forma provisional se acabaría instalando en Burgos.
Etapa Preautonómica
Tras la muerte de Franco en 1975, Don Juan Carlos I fue proclamado Rey en un contexto político de gran incertidumbre. Eran muchos los que pensaban todavía que la etapa que se abría sería una continuación del franquismo sin Franco. El joven monarca se rodeó de un grupo de asesores, que diseñaron un plan de cambio político que se denominó ‘reforma’. Se trataba de aplicar transformaciones controladas que acabaran cristalizando en un sistema democrático desde las propias leyes del régimen franquista.
El Gobierno Suárez, la Ley de Reforma Política y la salida de la clandestinidad de una oposición decidida a apoyar el proceso de transición, fueron factores determinantes a la hora de celebrar las primeras elecciones democráticas desde la Segunda República. El triunfo del referéndum de la Ley para la Reforma Política y la celebración de elecciones generales del 15 de junio de 1977 abrían la puerta a una nueva etapa política: la de consolidación del nuevo Estado autonómico.
El Real Decreto-Ley 20/1978 de 13 de junio aprobaba el Estatuto por el que se concedía el régimen preautonómico a Castilla y León. Se daba así luz verde a la creación del Consejo General de Castilla y León, que tendrá carácter provisional en tanto se constituyan los órganos preautonómicos de Castila y León.
Este órgano se constituyó formalmente el 22 de julio de 1978 en el municipio palentino de Monzón de Campos con representantes –diputados y senadores- de ocho de las provincias afectadas. El diputado burgalés Juan Manuel Reol Tejada (de UCD) fue elegido primer presidente del Consejo General de Castilla y León, entidad que desarrolló su actividad inicial en Burgos desde 1978 hasta 1983.
Sus primeros movimientos se realizaron en las dependencias cedidas por la Diputación de Burgos y, posteriormente, en el Palacio de la Isla. Reol Tejada ejerció la presidencia del Consejo General de Castilla y León entre 1978 y 1980. La incompatibilidad del cargo con la Secretaría de Política Territorial de su partido y la falta de actuación de UCD en el proceso autonómico, del que se acababa desentendiendo en un primer momento la provincia de Segovia, fueron los argumentos en los que basó su renuncia
Juan Manuel García-Verdugo y Candón, también de UCD, fue su sucesor. Fue consciente de la necesidad de dar continuidad al proceso preautonómico en una sede digna y su presidencia en el Consejo se concretó entre 1981 y 1983. Posteriormente, el socialista Demetrio Madrid López tomó las riendas del flamante Ejecutivo autonómico y durante su mandato el Gobierno regional se trasladó al municipio vallisoletano de Fuensaldaña.
La verdadera falta de espacio físico en el Palacio de la Diputación Provincial de Burgos había llevado a los responsables del organismo a examinar lugares más adecuados para agrupar el embrión de la futura administración autonómica, que contaba entonces con 130 funcionarios. El Palacio de la Isla se convirtió en aquel momento en la solución más idónea para este fin.
Pero para que el edificio pudiera ser utilizado por el ente preautonómico, era necesario solicitar formalmente la devolución a su propietario, Patrimonio Nacional. El proceso de reversión fue largo y llenó de dificultades. Diputación y Ayuntamiento entendían que Patrimonio Nacional no había cumplido con la condición estipulada para convertir el Palacio de la Isla en un museo, circunstancia que abría la puerta a la reversión del inmueble y a recuperar a la titularidad del edificio. Además, se daban razones de urgencia para disponer en el menor plazo de tiempo posible del Palacio de la Isla.
Ante el retraso de Patrimonio Nacional en dar respuesta, la Presidencia del Consejo realizó gestiones enfocadas a la posible cesión de otros espacios como el Teatro Principal, el Palacio de Saldañuela, la Casa del Cordón y el Consulado del Mar. Por distintas razones, todas estas opciones resultaban inviables. La única opción factible en aquel momento era recuperar el Palacio de la Isla para este fin.
El Consejo General de Castilla y León argumentó ante Patrimonio Nacional que la sede del embrión de gobierno estaba en Burgos, en dos despachos provisionales y era urgente disponer de una sede apropiada y revestida de la dignidad que exige un órgano de gobierno autonómico. Todo ello sucedía cuando apenas quedaban unas semanas para que comenzaran las actividades ejecutivas.
El 1 de junio se inician oficialmente los trámites de solicitud de reversión del Palacio de la Isla para cederlo en uso al Consejo General de Castilla y León. Finalmente, el 16 de febrero de 1982, siendo alcalde José María Peña San Martín, y presidente de la Diputación Francisco Montoya Ramos, se recibe la escritura de reversión.
La presión social se mantiene en calles y despachos para reforzar el apoyo que la ciudad está propiciando a la capitalidad de Castilla y León y se prepara el camino para que se asiente en Burgos con carácter permanente. Paralelamente, el Ayuntamiento y la Diputación inician el acondicionamiento del inmueble; se acometen las obras de alumbrado, la instalación de la calefacción y trabajos en el exterior, en los jardines y en la casa del guarda, a la entrada a la finca. También se acondiciona el semisótano, el garaje y los aparcamientos. Las obras coincidieron en el tiempo con noticias que apuntaban a la elección de Tordesillas como futura capital de Castilla y León, propuesta que no era firme ya que había varias candidaturas. En Burgos se llegó a convocar una manifestación para reclamar la capitalidad de Castilla y León, que reunió a más de 8.000 personas.
Palacio de la Isla,
Sede Provisional del Consejo General de Castilla y León
Mientras se inicia la recuperación del edificio, en abril de 1981, la preautonomía castellano-leonesa encontraba en Burgos su capital y el Palacio de la Isla se convertía en sede del Ejecutivo autonómico. Los plenos del Consejo General de Castilla y León tuvieron en un primer momento carácter itinerante, hasta el 6 de septiembre de 1981, momento en que se concreta la ocupación definitiva del Palacio de la Isla. XXXX
El 4 de abril de 1981 se nombraba en Ávila el Pleno del nuevo Consejo General de Castilla y León, presidido por García Verdugo, y se aprobaba el nombramiento de los directores de departamento y de los titulares de las comisiones delegadas. Una pequeña infraestructura compuesta por dos auxiliares administrativos; un funcionario del Gobierno Civil, un auxiliar, un jefe de gabinete y un asesor jurídico daban atención en el Palacio de la Isla al Gabinete de Presidencia, la Secretaría General y a la maquinaria administrativa.
El 6 de septiembre de 1981, el Consejo General de Castilla y León se instala de forma apresurada en el Palacio de la Isla y el personal administrativo abandona las dependencias de la Diputación de Burgos. En ese momento, el nuevo Ejecutivo castellanoyleonés está marcado por la inestabilidad y por un movimiento antiautonomista que se está gestando en capitales y municipios de León, Segovia y Burgos. Surgen así los primeros procesos de desvinculación o no adhesión, que siguen aumentando de forma paulatina entre 1982 y 1983.
El 2 de marzo de 1983 se publica en el Boletín Oficial del Estado el Estatuto de Autonomía de Castilla y León, aprobado el 25 de febrero por el Parlamento. Con el estatuto se aprobó también una ley orgánica para la integración de la provincia de Segovia en la Comunidad. La entrada en vigor del estatuto era el preludio de una nueva fase.
La primera reunión del Parlamento regional se celebró el 21 de mayo de 1983 en el convento de Santa Clara de Tordesillas. En este encuentro se constituyeron las Cortes, presididas en un primer momento por Dionisio Llamazares. Poco después, accedió a la Presidencia el socialista Demetrio Madrid, que tomó posesión del cargo en el Palacio de la Isla el 3 de junio.
Sin embargo, el 6 de julio de ese mismo año la Mesa de las Cortes de Castilla y León adoptó un acuerdo por mayoría referente a la ubicación provisional en el castillo de Fuensaldaña, a pocos kilómetros de Valladolid, acuerdo que se adoptó en el Palacio de la Isla. También aquí aparecen fechados sus acuerdos en los primeros boletines y se llegó a recibir oficialmente el 28 de mayo a Su Majestad el Rey Don Juan Carlos en su visita a la ciudad.
El anuncio de traslado de las Cortes a Fuendaldaña provocó gran malestar en la ciudad. El Palacio de la Isla deja de ser sede del Gobierno de Castilla y León tras el acuerdo de trasladar el Ejecutivo a ese antiguo colegio vallisoletano cedido por el Ayuntamiento. Con las Cortes en Fuensaldaña y la Junta de Castilla y León en el colegio de la Asunción, se puede considerar que Valladolid es capital provisional de la Comunidad entre julio de 1983 y diciembre de 1987.
El traslado a Fuensaldaña contrasta con el anuncio hecho por Demetrio Madrid, al anunciar que seguirá siendo utilizado por el ente de la Comunidad Autónoma, pese a la reclamación de las corporaciones municipal y provincial. Para las instituciones burgalesas, está fuera de duda la titularidad del Palacio de la Isla, defendiendo su derecho para solicitar de nuevo la reversión del inmueble, una vez que ha dejado de ser sede del Ejecutivo de Castilla y León.
El Pleno del Ayuntamiento de Burgos acordó, con el voto en contra de los concejales socialistas, enviar una notificación a la Junta de Castilla y León para que abandonara el edificio, advirtiendo que en el caso de que en el plazo de diez días no se hubiere efectuado se procedería a la ocupación material del inmueble y desalojo de los efectos de la Junta. Curiosamente, el mismo día que el Pleno del Consistorio burgalés adoptabas ese acuerdo de desahucio, la Junta de Castilla y León anunciaba mediante un comunicado su intención de establecer en el Palacio de la Isla un Instituto de Administración Pública.
Tras un largo contencioso en el que fue necesaria la intervención de la magistratura, la Junta de Castilla y León devolvió al Ayuntamiento y la Diputación las llaves del inmueble, a la vez que se llevó sus pertenencias del edificio. Finalmente, el Palacio de la Isla fue devuelto a sus propietarios, pese a que el Gobierno regional socialista era partidario de mantener el uso.
La capital burgalesa perdió su batalla por la capitalidad regional y el Palacio de la Isla quedó desocupado y bastante deteriorado por el abandono y el desuso. Era necesario realizar un análisis técnico y poner en marcha un proyecto de mantenimiento, conservación y reparación del edificio. Los análisis confirmaban la existencia de goteras, humedades y desperfectos en las cubiertas que aconsejaban la realización de obras de pintura e impermeabilización.
El nuevo destino que se perfila es ser sede provisional de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, iniciativa que tampoco acabó concretándose pese a las numerosas gestiones emprendidas para encontrar ubicación a esta institución educativa. La antigua Escuela de Comercio, además del Palacio de la Isla, era la otra propuesta que estaba sobre la mesa. Sin embargo, ambos inmuebles resultaban insuficientes para atender a los mil quinientos alumnos matriculados en el centro asociado de la UNED.
Tras quedar descartada esta opción, el Ayuntamiento y Diputación comienzan a utilizar el edificio para diversos cometidos. Acogerá exposiciones, será sede del grupo espeleológico Edelweiss, almacén de material y libros de la UNED, del Servicio de Recuperación de Archivos Municipales de la Diputación y de alguna otra actividad comercial. El Ayuntamiento lo utilizará también de forma esporádica para acoger recepciones y actos protocolarios, especialmente coincidiendo con las fiestas locales.
Comisaría de Policía Nacional
El zarpazo del terrorismo se hizo patente en Burgos con especial virulencia. El 17 de agosto de 1990, un atentado con coche bomba destruía la Comisaría de la Policía Nacional ubicada en la avenida general Vigón. Aunque afortunadamente no hubo que lamentar víctimas mortales, el atentado sí provocó numerosos heridos y más de cuarenta personas tuvieron que ser ingresadas en el hospital con heridas de diversa consideración. Los daños materiales fueron también cuantiosos.
El Ministerio de Interior tiene que buscar con urgencia una ubicación provisional que permita instalar una sede de la comisaría que permita atender los distintos servicios que presta hasta que se construyan unas nuevas dependencias. Una reunión de trabajo en el Gobierno Civil entre el entonces ministro de Interior, José Luis Corcuera, con el alcalde de Burgos, José María Peña San Martín, y el presidente de la Diputación, José Luis Montes, pone encima de la mesa la opción del Palacio de la Isla. El inmueble carece entonces de uso y reúne las condiciones y cuenta con el espacio suficiente para hacer las veces de Comisaría de manera eventual.
El ministro de Interior, José Luis Corcuera, visitó el edificio y quedó conforme con la opción. El alcalde José María Peña firmó la cesión ‘con carácter temporal’ y solo cuatro días después del terrible atentado, el 21 de agosto, el servicio de expedición de DNI y pasaportes comenzaba a funcionar en el Palacio de la Isla.
El documento firmado por el alcalde y el presidente de la Diputación con Peña con el director general de Policía, José Luis Rodríguez Colorado, especificaba la cesión ‘en precario’ del inmueble. Las cláusulas especificaban que sería por espacio de 18 meses, prorrogable de forma excepcional, con la obligación del Ministerio de Interior de asumir el coste de las obras de conservación y mantenimiento mientras durase la ocupación. Muy pronto se vio la necesidad de instalar unos calabozos en el espacio ubicado a la entrada para custodiar a los detenidos. La condición marcada era reponer las instalaciones a su estado natural a la extinción del convenio de cesión.
Cuatro meses después del atentado se realizó la firma protocolaria de la cesión provisional del Palacio de la Isla. Sin embargo, la construcción de una nueva Comisaría no resultaría sencilla ni tampoco rápida. El 18 de febrero de 1992 se cumplía el plazo marcado de 18 meses de cesión estipulados y aún no habían comenzado las obras de la nueva comisaría. Fuera de plazo, el gobernador civil, Francisco Cruz de Castro, solicitó una prórroga de la cesión achacando el retraso a trámites burocráticos: seguía sin formalizarse la permuta de suelos urbanizables con la Junta de Castilla y León y por tanto sin tener la preceptiva aprobación de Patrimonio del Estado y la consecuente ratificación del Ministerio de Economía y Hacienda.
Pero antes de decidir el Ayuntamiento si prorrogaba el plazo de cesión, necesitaba obtener una respuesta positiva a las peticiones planteadas desde hace años a la Administración General del Estado sobre la devolución del antiguo edificio del Instituto Provincial de Higiene, de la Avenida del Cid nº 46, necesario para albergar servicios municipales, y la devolución de la posesión de las viviendas del bloque del Grupo de 500 viviendas municipales de Villímar, cedidas en precario a la 531º Comandancia de la Guardia Civil.
Al cumplirse el plazo de cesión, se abría la puerta a proceder a una acción de desahucio. En esta línea de presión, el alcalde, José María Peña, firmó el 15 de mayo varios decretos en los que ordenaba el desalojo de varios inmuebles de propiedad municipal, entre los que se encontraba el Palacio de la Isla. La demanda se acabó dirimiendo en los tribunales. Pese a que el 29 de octubre de 1992 se anunciaba la contratación de las obras de la Comisaría, el Ayuntamiento no daba marcha atrás en la demanda de desahucio. Entre tanto, la antigua Comisaría, con graves daños en su estructura, tuvo que esperar a 1995 para que se iniciara su restauración para un uso distinto del anterior.
Aula Artesa
La poesía visual y de vanguardia con sello local encuentra también su propio espacio en el Aula Artesa, una instalación que es archivo y exposición permanente, ubicada en la planta baja. Se trata de un homenaje a la revista de poesía visual y de vanguardia Artesa, proyecto nacido como tertulia literaria a finales de los años 60 en Burgos, y que acabó transformado en revista de poesía. Dirigida por el poeta Antonio Bouza, tuvo la capacidad de aglutinar a numerosos autores locales del momento, que encontraron en sus páginas el camino natural para dar vía libre a su creatividad.
Antonio Bouza, junto a los hermanos Jesús y Tino Barriuso, Luis Conde y otros nombres propios de la ciudad, consiguieron poner en el mapa de la poesía a Burgos con esta publicación, que fue un regalo para la cultura de la época. Los materiales originales expuestos en esta sala forman parte del legado documental que Bouza donó a la institución. Documentos originales, fotografías, recortes de prensa, dibujos y publicaciones que pueden ser consultados tanto por especialistas como por público general en este espacio que aspira también a divulgar una parte de la historia de la literatura y de la poesía burgalesa.
En la recepción, los títulos que el Instituto Castellano y Leonés de la Lengua ha publicado durante estos años en sus distintas colecciones, reciben al público que accede al edificio. Este extenso catálogo editorial confirma el compromiso que la institución ha asumido con la literatura, la enseñanza, la investigación en torno a los orígenes y la divulgación de la lengua española, compromisos que la institución recoge en sus estatutos fundacionales. Un empeño divulgativo en el que el Instituto Castellano y Leonés de la Lengua ha centrado su trabajo desde su creación, contando siempre con el compromiso y la colaboración de las Universidades públicas de la Comunidad.
Sala de Exposiciones
La sala de exposiciones, ubicada en la planta baja, está compuesta por dos espacios unidos que integran unas estructuras de carácter modular que se adaptan a las necesidades de cada nuevo montaje expositivo. El Instituto Castellano y Leonés de la Lengua programa desde hace años distintos montajes expositivos, que toman como referencia la literatura, la cultura y la investigación sobre los orígenes del español. Proyectos propios que en muchas ocasiones se presentan en sociedad en esta sala, que se convierte en el primer paso de una itinerancia posterior por distintos equipamientos culturales de Castilla y León. La colaboración que, e mantienen con la entidad las distintas instituciones representadas en su patronato garantiza la continuidad de esta divulgación cultural en el espacio geográfico de Castilla y León.